La Manuela denuncia irregularidades en el proceso abierto contra el espacio
20 Jul 2014
Dani Gago
Madrid, 21 de julio de 2014. La Asamblea de Vivienda Centro de Madrid ha denunciado hoy varias irregularidades en el proceso judicial abierto contra La Manuela, uno de los tres edificios recuperados en el marco de la campaña de Obra Social en la capital, sobre el que pesa una orden de desalojo cautelar desde el pasado 10 de julio.
Según han explicado los representantes de la Asamblea de Vivienda Centro, el primero de los defectos de forma en los que incurre la orden de desalojo es "la ausencia de fecha para el mismo, detale que está directamente reñido con la legislación al respecto". Otra irregularidad es, asegura Ebba, una de las habitantes del edificio, el hecho de que "no se haya entregado la notificación a ninguna de las personas identificadas por la policía". El colectivo tuvo acceso a la orden "a partir de una consulta rutinaria del expediente del proceso judicial abierto" en enero, cuando Caixa Bank denunció la ocupación del inmueble a través de su promotora inmobiliaria, BuildingCenter.
Tras continuas negociaciones con la entidad bancaria, La Manuela ha interpuesto esta semana varias "alegaciones contra la orden de desalojo" con la intención de paralizarlo. Exigen a CaixaBank "que respete los acuerdos alcanzados a lo largo de estos meses de negociación y que garantice el alquiler social para las unidades familiares". Sin embargo, ha asegurado Claudia, otra de las residentes en La Manuela, "podríamos ser desalojadas en cualquier momento", por lo que continuarán "recurriendo, sin descartar llegar al Tribunal de Estrasburgo", ha asegurado Ander, también residente y miembro de la Asamblea de Vivienda Centro.
La entidad bancaria se había comprometido a proveer soluciones habitacionales a 13 de las 20 familias de La Manuela. "A lo que ellos consideran que son casos con más riesgo de exclusión", ha explicado Claudia. Sin embargo, según han informado a DisoPress los miembros del colectivo, lo ofertado por CaixaBank es insuficiente para los activistas, porque no abarca a todas las familias que lo necesitan, porque "son alquileres en viviendas alejadas de la zona en la que tenemos arraigo desde hace décadas y, por tanto, lejos de las redes humanas que nos sostienen", explica Ebba. Y, sobre todo, porque "mientras anuncian en los medios alquileres sociales por 85€, nos ofrecen un alquiler por entre 250 y 300 durante un año, que pasaría a ser de 500 y 600 en el segundo, y cuyo contrato se rompería en el tercero", explica Carmen, que se lamenta de que la propuesta es cortoplacista y económicamente inviable para las familias.
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