La movilización contra la Ley Mordaza renace tras pasar su primer trámite en el Consejo de Ministros
 10 Jul 2014 Álvaro Minguito 
Madrid, 11 de julio de 2014. Varias ciudades han salido a la calle esta tarde, convocadas apresuradamente a través de las redes sociales por decenas de colectivos y organizaciones, para protestar contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana -más popular como Ley Mordaza o Ley Anti 15M- cuyo texto sustituirá a la conocida como ‘Ley Corcuera’ y cuyo proyecto de ley ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. El nuevo ordenamiento pasará ahora a trámite parlamentario para su discusión en las Cortes.   En Madrid, unas 200 personas se han manifestado en la plaza de Colón, en las cercanías del Ministerio del Interior y de la sede nacional del Partido Popular, para mostrar su rechazo al nuevo ordenamiento. Durante la protesta, en la que las Unidades de Intervención Policial (UIP) han identificado a una decena de personas, se han lanzado gritos como "desobediencia" o "la voz del pueblo no es ilegal". Uno de los colectivos convocantes, No Somos Delito -que agrupa a ONG como Greenpeace junto a asambleas populares del 15M-, ha desplegado una pancarta en la que rezaba "Si no los paramos tú también serás delito" y ha realizado una performance en la que se ha simbolizado el entierro de la democracia, con activistas vestidos de luto y portando pancartas.    Además, integrantes de Greenpeace han escalado esta mañana el Faro de la Moncloa, en Madrid, para mostrar su rechazo a la nueva Ley desplegando una pancarta en la que se podía leer “No a la Ley Mordaza”. La ONG ha sido uno de los colectivos más activos contra el ordenamiento.   El controvertido texto, cuyo anteproyecto de ley fue duramente criticado por multitud de personalidades y organizaciones, ha sido ampliamente modificado antes de ser aprobado hoy en el Consejo de Ministros, siendo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el principal órgano que lo ha modificado. El fin del Gobierno ha sido eliminar los artículos susceptibles de ser inconstitucionales, tal como indicaba un informe previo realizado por el propio CGPJ.   Sin embargo, en el ordenamiento el Ejecutivo mantiene algunos de los aspectos más polémicos, especialmente los hechos a medida para luchar contra las formas de protesta ciudadana extendidas tras el comienzo de las acampadas del 15M. Por ejemplo, participar en una acción stop desahucios como las que a diario realiza la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) podrá ser castigado con multas de 1.001 a 30.000 euros, tipificando como infracciones graves actos de obstrucción al trabajo de las fuerzas del orden. La falta grave pasa de una sanción mínima de 300 euros a 1.000 euros, en un hecho que colectivos como Legal Sol o la Asociación Libre de Abogados han llamado “burorrepresión”. El mismo montante podrá ser exigido a un ciudadano que se niegue a aceptar la orden de un agente de la autoridad en la que se le exija que abandone el espacio público cuando participe en una manifestación.   Aspectos que han sido “suavizados” son, por ejemplo, la convocatoria de manifestaciones en las inmediaciones de las altas instituciones del Estado, por el método que sea, redes sociales incluidas. Este hecho podrá ser castigado como falta leve, lo que implicará una multa de entre 301 y 1.000 euros. El anteproyecto planteaba la posibilidad de que una persona que llamase a manifestarse frente al Congreso en su cuenta personal de Twitter pudiese ser multada con una suma de hasta 600.000 euros, algo inédito en las democracias occidentales.   Por otro lado, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha señalado que la norma prohibirá los controles policiales por perfil racial para encontrar a personas sin papeles de residencia, algo que colectivos como las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos o los integrados en la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros vienen denunciando desde hace años. Las redadas racistas no están prohibidas expresamente por ley en la actualidad, tan solo mediante circulares interna

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